Varios representantes a la Cámara presentaron el pasado 20 de mayo una solicitud oficial para citar a moción de censura al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando una gestión “peligrosa, negligente y políticamente instrumentalizada” que, en su concepto, ha profundizado la crisis del sector.
La moción se sustenta en el numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, que faculta a las cámaras para requerir explicaciones a los ministros y eventualmente retirarlos del cargo por voto mayoritario. También se invoca la Ley 5 de 1992, que establece el procedimiento para estas solicitudes.
Según los firmantes, las actuaciones del ministro han vulnerado principios de buena administración, responsabilidad fiscal y respeto por los derechos fundamentales. La solicitud remite directamente a declaraciones hechas por el funcionario el pasado 12 de mayo, durante una audiencia pública, en las que afirmó: “Si tenemos recursos y estamos contemplando cómo sanear el sistema; todo depende de si el Senado quiere aprobar eso o no” y “Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma…”
Estas afirmaciones, que han sido consideradas de “inaceptable contenido institucional”, fueron interpretadas como un condicionamiento deliberado de los recursos del sistema a la aprobación del proyecto de reforma a la salud, una estrategia que, según los congresistas, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y la vida de los usuarios.
Por otra parte, el documento cuestiona la manera en que el ministro ha abordado las llamadas “deudas históricas” del sistema de salud. Según los legisladores, Jaramillo reconoce la existencia de esas obligaciones pero no adopta medidas para corregirlas estructuralmente, trasladando la carga a las EPS sin ofrecer soluciones reales.
Este tipo de gestión ha sido calificada como “fiscalmente irresponsable”, ya que, en lugar de planificar una recuperación progresiva con sostenibilidad, opta por decisiones que comprometen aún más los equilibrios financieros del sistema. La crítica se profundiza al señalar que el gobierno ha intervenido el 54,7% de las EPS, sin garantizar la liquidez necesaria a hospitales y clínicas, lo que ha desencadenado una ola de cierres y reducción en la prestación de servicios.
Una de las denuncias más fuertes contenidas en la solicitud es la supuesta “instrumentalización política del colapso del sistema de salud” para presionar la aprobación del proyecto de reforma. Las frases del ministro son leídas como evidencia de una estrategia oficial para condicionar la solución de la crisis al trámite favorable de la reforma, lo cual, según los legisladores, vulnera la institucionalidad y deteriora la confianza ciudadana.
Ante este panorama, los representantes firmantes solicitan que se agende de manera urgente el debate de moción de censura, para que el ministro Jaramillo comparezca ante la plenaria y rinda cuentas por las decisiones adoptadas, los impactos generados y la forma en que ha manejado el sistema de salud en uno de los periodos más críticos de las últimas décadas.
Esta no es la primera vez que se tramita una solicitud de moción de censura contra el Ministro de Salud Jaramillo en el Congreso; en anteriores oportunidades tal iniciativa no ha prosperado.
