El Gobierno de Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para revivir la reforma a la salud, confiando en que logrará sacar adelante en el Congreso de la República el modelo enfocado en la prevención de enfermedades, y la eliminación de la intermediación de las aseguradoras transformando las EPS.
Pese a que hace unos días un bloque ocho senadores de la oposición se encargaron de darle los santos óleos a la iniciativa en la Comisión VII del Senado (Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, así como José Alfredo Marín y Nadia Blel del partido Conservador, Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya de la ASI y, a última hora, Norma Hurtado del partido de La U), al presentar una propuesta para hundir el proyecto, la votación final se hará después de Semana Santa.
“Pedimos hundir el proyecto por razones de vicios de forma y fondo y por ser innecesaria para el país”, dijo el senador Miguel Ángel Pinto.
Cruce de recusaciones
El resto de senadores, presentaron varias recusaciones, diez en total, con el argumento de que algunos congresistas, como Alirio Barrera y Honorio Henríquez, recibieron financiación de algunos conglomerados que son dueños de varias EPS y entidades de salud.
Pero del otro lado, el senador del Pacto Histórico, Ferney Silva (reemplazo de Piedad Córdoba), también fue recusado tras ser señalado de haber recibido una donación de un millón de pesos en la pasada campaña política de parte del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “El proyecto no está dirigido a beneficiar al Dr. Jaramillo, como persona particular, ni busco un beneficio particular, directo y actual, por lo tanto, no hay conflicto de interés alguno”, dijo Silva en su defensa.
También fueron recusados los senadores Norma Hurtado y Fabián Díaz del partido Alianza Verde, autor de una ponencia alternativa de la reforma que busca conciliar algunos puntos del articulado con quienes se oponen.
Petro por lo pronto ha dicho que no retirará el proyecto: “Para nada vamos a retirarla (…) el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”, sentenció el mandatario.
Para ello, avanza con una ponencia alternativa del congresista Fabián Díaz, que contaría con el beneplácito del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y de la presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta del Pacto Histórico.
A su turno, el representante a la Cámara David Racero, quien lideró la ponencia del proyecto en la Cámara, aseguró que el sistema de salud en el país debe cambiar y no funcionar a punta de tutelas, incluso, le pidió a los integrantes de la Comisión Séptima permitir que la reforma sea discutida para aprobación.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el representante aseguró que: “No es justo que unos senadores, desde la comodidad de su medicina prepagada, vengan a hundir la reforma a la salud”, haciendo referencia a los congresistas que radicaron ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República una carta de solicitud de archivo del documento.
De otra parte, esta semana el Ministerio de Hacienda entregó el aval fiscal a la reforma a la salud. El documento señala que el costo del proyecto en 2025 será de más de 105 billones de pesos y en 2033 de más de 143 billones de pesos. Esto significa que en 2025 hacen falta 2.9 billones de pesos de ingresos para poder tener los recursos necesarios.
