Tanto al interior como fuera del Congreso de la República, las polémicas, críticas, reparos o apoyos están a la orden del día, desde que el Gobierno de Gustavo Petro radicó a principios de febrero, ante el Congreso de la República, el proyecto de ley por medio del cual se transformará el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La propuesta, contenida en 151 artículos, persigue la reestructuración total de dicho sistema; el establecimiento de un nuevo Sistema de Salud, que incluye una estructura organizacional diferente, competencias y mayor responsabilidad a cada uno de los actores del mismo.
Los cambios se recogen básicamente en varios aspectos como el modelo de atención en salud, la transformación de las EPS, la concentración del manejo de los recursos del sistema por parte de la ADRES y giro directo, los Centros de Atención Primaria, la transformación de las Empresas Sociales del Estado – ESE a Instituciones de Salud del Estado – ISE, el Consejo Nacional de Salud, el Sistema Único de Información y la contratación laboral del talento humano del sector salud.
La propuesta propone el fortalecimiento de la Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (APIRS) para los efectos de garantizar un alto nivel de atención salud para todos los colombianos, en armonía con la sociedad en general y los actores del nuevo Sistema de Salud. Lo anterior en una clara búsqueda principalmente de la prevención de la enfermedad, posterior cuidado y restablecimiento de la salud en su totalidad de los usuarios del sistema.
En un segundo aspecto se propone la transformación de las EPS que dejarían de ejercer su rol de aseguradoras en salud, no desapareciendo del todo, pero con la necesidad de transformarse para operar bajo otra figura jurídica, esto es, en principio como instituciones prestadoras de servicios de salud pudiendo realizar entre otras las siguientes actividades: i) Crear y administrar Centros de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud – CAPIRS, ii) Administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas a sus CAPIRS, iii) realizar o ejecutar las auditorías contratadas que requiera el Sistema de Salud y iv) integrar sus IPS de baja, mediana y alta complejidad a las redes integradas de servicios de salud entre otras.
Respecto a cómo quedará funcionando la ADRES, se convertirá en el único administrador de los recursos del Sistema, quedando a su cargo la administración del Fondo Único Público de Salud, el pago y giro directo de los recursos a los prestadores de servicios de salud, proveedores de tecnologías en salud, realizar las transferencias a los diferentes agentes del sistema, entre estos los fondos territoriales de salud, y la organización de los fondos regionales de Salud y las oficinas en cada departamento, entre otras funciones.
Los llamados Centros de atención primaria integral resolutiva en salud – CAPIRS, de acuerdo al proyecto, se constituirán en “la puerta de entrada al Sistema de Salud” por lo que todas las personas deberán adscribirse al más cercano a su lugar de residencia. Tendrán a cargo los servicios básicos de salud, los servicios de apoyo diagnóstico, programas de promoción y prevención y la referencia de pacientes hacia los servicios de mediana o alta complejidad entre otros.
Los hospitales o Empresas sociales del Estado – ESE harán su transición a Instituciones de Salud del Estado (ISE) y estarán encargadas de la prestación de los servicios de salud a cargo del Estado, constituyéndose como entidades públicas descentralizadas, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Se crea una figura denominado Consejo Nacional de Salud como una instancia de dirección del Sistema de Salud, con autonomía decisoria, que estará adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social. Sus funciones estarán relacionadas con proposición de las políticas públicas en salud, de promoción de la calidad de vida y salud de la población, velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Salud y por el buen uso de los recursos públicos entre otros.
Con la reforma se aspira poder materializar todo lo referente a la historia clínica electrónica a través del Sistema público único integrado de información en salud– SPUIIS, que tendrá la función de contener la información epidemiológica, clínica, farmacológica, administrativa, de actividades e intervenciones médicas y sanitarias de todas las transacciones económicas del Sistema de Salud, para facilitar la toma de decisiones en todos los niveles e instancias.
Por último, el proyecto establece un nuevo régimen laboral para los trabajadores de la salud.
La semana pasada quedó en firme que el proyecto será estudiado como ley ordinaria en las comisiones Séptima de Senado y Cámara de Representantes, donde no tendrá un camino fácil, pues a la par de este proyecto han sido ya radicados otros tres, diametralmente opuestos al del Gobierno.
