Pocas, por no decir que casi nulas son las voces que han recibido con beneplácito el proyecto de Ley 010 o de Reforma a la Salud, que según entendidos en la materia, lo que hará será agudizar la precaria atención en salud que hoy reciben los colombianos.
Desde todas las orillas el rechazo es contundente. Alrededor del tema se han escuchado opiniones, casi todas en contra; se han convocado foros, enviado cartas al Gobierno Nacional y por último los organizadores del Paro Nacional que arrancó la semana pasada, incluyó dentro de sus propósitos el retiro definitivo del proyecto.
Para el senador Jorge Enrique Robledo, la propuesta no es más que una ley que permitirá “ultraconcentrar” en unas muy pocas EPS transnacionales poderosísimas, todo el manejo de los recursos de la salud, por lo que pidió a los colombianos no dejar pasar esta en el Congreso.
“Es un nuevo modelo similar al de Estados Unidos, donde además de pagar EPS como hoy, tendrás que pagar pólizas adicionales por patología. Si no las tienes, no te atienden”, advirtió y afirmó que el proyecto contempla acabar con el Hospital Cancerológico, para cederle el negocio a la nueva clínica oncológica que según afirmó sería propiedad de Sarmiento Angulo, que solo atenderá a quien pueda pagar, siendo que hoy el Cancerológico atiende a quien no tiene recursos.
Y calificó como grave el hecho de que los hospitales deberán hacer nuevo ajuste financiero (ya van 3). Los que no muestren resultados serán liquidados. 1.000 hospitales públicos ya han sido cerrados por esto.
En este punto de los hospitales, para la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), el proyecto de ley es inconveniente porque no soluciona las fallas del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); perpetua la segmentación de la población según su capacidad de pago, y fortalece, ahora con otros nombres, la fragmentación de los servicios y por ende promueve barreras de acceso.
La junta directiva en pleno coincidió en que esa iniciativa que analizan los congresistas promueve la liquidación masiva de Hospitales Públicos; no certifica los recursos para garantizar la vinculación del talento humano, legaliza el desvío de recursos por parte de la intermediación financiera hacía fines distintos a la prestación de servicios de salud, por lo que insisten en solicitar su archivo.
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva del gremio, indicó que tampoco es el momento para proponer al legislativo una reforma a la salud en medio de la crisis sanitaria más grave de la historia reciente, especialmente cuando el país enfrenta con mayor agresividad la tercera ola de contagios de Covid-19, porque ni siquiera se cumplen con los recursos que generan la emergencia.
En la última ponencia se retrocede, se incluyen decisiones que empeoran la situación de la red pública hospitalaria, porque abre la puerta claramente para liquidar a cientos de hospitales.
“No se incluyen los tres temas fundamentales que se desnudaron durante la pandemia: talento humano en salud, no se garantiza trabajo digno y decente al personal médico y asistencial en los hospitales públicos; por otro lado, no hay un cambio con relación a la intermediación financiera que hacen las EPS, y tampoco aparece por ningún lado la política hospitalaria”
Lucía Zuluaga Rodríguez, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi)
Por su parte la médica psiquiatra Carolina Corcho, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, asegura que la respuesta del Gobierno Nacional ha sido negativa ante las políticas de salud pública y sostiene que este proyecto desde su origen tiene vicios de trámite ya evidenciados en las audiencias y además aspectos que atentan contra la Constitución al abrir un boquete para la privatización de los recursos de la salud, legalmente públicos.
Me dispongo a responder cada una de estas imprecisiones, inexactitudes, falacias, emanadas de @MinSaludCol sobre el Proyecto de Ley 010, antes de que generen más confusiones. Radicaremos de nuevo solicitud al Congreso de la República para archivar esta iniciativa. pic.twitter.com/hz5cKNs1Sl
— Carolina Corcho (@CarolinaCorcho) May 3, 2021
Afirmó que el proyecto no resuelve nada de los problemas de salud y retoma elementos de otras leyes que solo bastarían reglamentarse. Corcho considera grave que se incluya un capítulo que toma decisiones de la emergencia sanitaria y las vuelve permanentes, violando el principio de unidad de materia, e incluso le da funciones de policía al Ministerio de Salud respecto al tema de confinamientos y cuarentenas, lo que atentaría contra las libertades ciudadanas.
Además, según Corcho, en lugar de eliminar las EPS se cambia su nombre a aseguradoras y se conforma un oligopolio pasando de 48 a cerca de 10 entidades. Pero lo más importante, no cambia el sistema de atención de salud por medio de las EPS, un sistema que consideran ha sido fallido en Colombia, pues sólo hasta junio de 2020 había 1.200.000 quejas por inatenciones de las EPS y 200.000 tutelas anuales para exigir la prestación del servicio de salud.
Mientras que Julio Castellanos, director del Hospital San Ignacio, afirma que este nuevo proyecto se suma a otros que han intentado modificar la Ley 100, lo que se traduce en mayor confusión para un sistema que necesita una reforma de fondo y no una lista de artículos parciales o totalmente modificados de la ley original.
Considera que las regiones deberían pedir a las autoridades retirar de sus jurisdicciones aseguradoras que no tengan redes adecuadas y enfatiza en la necesidad de reglamentar las juntas médicas como el ente máximo para resolver discrepancias terapéuticas.
Los puntos del proyecto
Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en este proyecto de ley se han recogido sugerencias, anotaciones e intervenciones surgidas en audiencias de consulta en cada una de las instancias del sistema sanitario. Y además de componentes que tienen que ver con la gestión integral del riesgo en salud, la territorialización y la forma como se prestan los servicios; también se recogen los aprendizajes de la pandemia con el objeto de preparar al país bajo el concepto de una salubridad completa.
Es un texto de 65 artículos distribuidos en 10 capítulos, que quedaron luego de una depuración, en la cual se eliminaron temas como el cambio de nombre de las EPS, límites de gastos para administradores del aseguramiento y elementos de saneamiento financiero, entre otros.
Entre algunos aspectos, el proyecto da vía libre a una regionalización del sistema de salud fundada en interacciones comunes de tipo epidemiológico y demográfico que van más allá de las fronteras políticas administrativas.
Frente a las responsabilidades en la gestión del riesgo en salud, el proyecto establece que la Nación y las entidades territoriales se encargarán de las intervenciones colectivas; las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que pueden ser las mismas EPS, responderán por los riesgos individuales; las ARL de los laborales y los prestadores (IPS, clínicas y hospitales) asumirán en la práctica la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la paliación de todas las enfermedades. Para esto, realizarán contratos con las entidades territoriales y las EAPB.
En este sentido, todas las entidades tendrán que dar a conocer los resultados de gestión del riesgo de manera obligatoria para la Superintendencia Nacional de Salud, que los vigilará.
El proyecto de ley plantea que el Ministerio de Salud podrá impulsar el desarrollo de tecnologías sanitarias (producción de vacunas, medicamentos e insumos) para lo cual se dispondrá del 5 por ciento de los recursos del Fondo de Investigación en Salud (FIS). Además, se permitiría la posibilidad de realizar alianzas con privados para este fin.
Y por el lado del aseguramiento se redefinen obligaciones para los aseguradores, se equiparan los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los regímenes contributivo y subsidiado en un periodo no mayor a dos años y en año y medio se tendrán que fijar las fuentes de financiación para las patologías de alto costo y de baja frecuencia, así como la definición absoluta de los servicios que se pagarán con cargo a la UPC, que a su vez tendrá un componente fijo y uno variable definido por incentivos de acuerdo con el rendimiento.
Más críticas
Otra de las voces que se han alzado contra la reforma es la de Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), quien indicó que este proyecto no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes y manifiesta que del texto actual se destacan la creación del fondo de garantías, la definición de los conglomerados empresariales en salud y un régimen de insolvencia, así como las competencias de la Superintendencia de Industria para ayudar a la Supersalud.
Pero que no cambia el papel de las EPS, no crea nuevas fuentes de financiación ni modifica los presupuestos, por lo que desde el gremio hospitalario insisten en que el sistema de salud requiere una reforma y no solo ajustes.
Y hasta Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio de las EPS del contributivo, califica el proyecto como inoportuno, porque distrae a los actores en un momento clave de pandemia; innecesario, porque algunos puntos positivos del articulado, como el modelo de atención, no requieren de una ley; e inconveniente, porque la extensión de competencias a la Supersalud sobre inversionistas que no son actores del sistema conglomerados desincentiva la llegada de capitales al sector.
Por último, cabe recordar que en septiembre del año pasado cuando ya se conocía el borrador del proyecto, más de 135 organizaciones médicas, sindicales y gremiales relacionados con el sector salud y 125 personas entregaron un documento al Congreso en el que pedían archivar o retirar el proyecto de Ley.
Las organizaciones firmantes, entre quienes figuraban algunas asociaciones y organizaciones como la Asociación Colombiana de Salud Pública, la Federación Médica Colombiana, la Organización Defensa del Paciente, la Asociación Médica Sindical de Antioquia, el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, los Colegios Médicos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Boyacá, Bogotá, y muchas otras asociaciones del sector salud del país, consideran que dicho proyecto de ley “se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros; retoma normatividad vigente y fallida, que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa; y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud”.
